Con la aprobación de la Directiva 2019/1937 del parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, España ha impulsado la Ley que prevé la obligación, para todas las empresas españolas que cuenten con más de 50 empleados -tanto del sector privado como público-, de implantar un Canal Ético que cuente con todas las garantías para permitir a los ciudadanos alertar de posibles irregularidades en el seno de la empresa.

Los principios básicos que rigen el canal ético de la RFEV son: Confidencialidad, Buena Fe, Prohibición de represalias, Proporcionalidad y Anonimato.